“Gobierno de Cuba manejará la data de identificación venezolana con fines electorales para el próximo año”

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Pedirán al TSJ que anule el contrato de cedulación

El diputado de Copei en la Asamblea Nacional Abelardo Díaz anunció que pedirá la nulidad del contrato para la elaboración de la cédula de identidad electrónica venezolana firmado con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas por 170 millones de dólares, por considerar que es un acto de traición a la patria y que viola las normas de licitación del país.

“Vamos a solicitar la nulidad de ese contrato, conscientes y a sabiendas de que aquí no hay instituciones públicas autónomas que puedan procesar estas denuncias, pero también contestes y claros de que estos delitos de corrupción no prescriben y que más temprano que tarde todas estas cosas tendrán sus sanciones respectivas”, señaló el Díaz en un encuentro con la prensa, en el que estuvo acompañado por el legislador Juan Romero.

Díaz informó que la fracción parlamentaria de la concertación humanista solicitará el martes próximo la interpelación del ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, para que explique el porqué de la entrega de recursos y de funciones en todas las áreas al Gobierno cubano, cuáles son los propósitos de entregarles la identificación de los venezolanos a las autoridades de ese país y por qué la cedulación electrónica de Venezuela pasa a ser la más cara del mundo a través de una empresa cubana, que no tiene la capacidad técnica para realizarla.

“Si el oficialismo se niega a esta interpelación, quedará en evidencia de que aquí hay gato encerrado”, indicó.

Díaz consideró que el contrato con la empresa Albet ­que publicó este diario el 17 de julio­ se ha convertido en un megaguiso. Dijo que de los 170 millones de dólares adjudicados 40,5 millones se le cancelarán a Gemalto, una subcontratista holandesa-mexicana que cumplirá con 95% del servicio ofertado. Agregó que esta firma es la encargada de elaborar el software, las tarjetas de policarbonato y los chips, pues “la contratista principal es de maletín, no tiene más de 10 empleados en su nómina y por supuesto no tiene capacidad técnica para desarrollar el sistema”.

Manejo electoral.

“Nosotros presumimos que esa data que se le ha entregado a Cuba, que ha sido abierta y es vulnerable, es la que va al CNE y puede ser un patrón de conducta guiado por el Gobierno de ese país para intervenirla con fines electorales el próximo año, ante el desmejoramiento progresivo del señor Presidente en su aspiración a la tercera reelección”, señaló el parlamentario. Advirtió que estarán alertas para hacer el reclamo y la exigencia de que la data la gestione personal profesional venezolano.

Carlos Colina, profesor de la UCV e investigador de seguridad de datos, denunció ante la Defensoría del Pueblo el contrato entre la empresa del Gobierno cubano Albet y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela para la implementación de la nueva cédula electrónica en el país.

Explicó que los términos del contrato violarían los artículos 28 y 60 de la Constitución: derecho a la protección del honor, la intimidad y confidencialidad y de acceder a la información personal que sobre ellos tengan entes públicos o privados.

Albet será la única que tenga acceso a los códigos fuente de los software desarrollados para la nueva cédula y limita la participación de técnicos venezolanos.

Exigió que se publiquen los términos del contrato con la firma antillana para que los conozcan los venezolanos y, si infringen la ley, pidió que se revise y se anule el acuerdo. Colina se refirió a la subcontratación que hizo Albet, a nombre del Estado, para que Gemalto le provea las tarjetas, los chips y el software de la nueva cédula. “Dos empresas extranjeras controlarían nuestros datos personales y privados”.

Vía El Nacional

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